El derecho a una vivienda digna y adecuada está recogido en el artículo 47 de la Constitución española. Sin embargo, en España durante la crisis miles de personas han perdido su hogar, han sido desahuciadas de sus viviendas sin que los poderes públicos se inmutaran, hasta que nació un movimiento social que puso en la agenda política este asunto. Las Plataformas de Afectados por las Hipotecas llevan cinco años exigido que se paralicen los desahucios, la modificación de la ley hipotecaria española para que se acepte la ración en pago y la exigencia de que la vivienda sea un derecho blindado en la Constitución española.
Como me interesaba el tema realicé un reportaje que he publicado en la web www.radicaleslibres.es un espacio que hemos creado un grupo de amigos inquietos y preocupados por nuestro ecosistema político, social, económico y cultural.
Cinco anos exigiendo Stop Desahucios
Cinco años. Han pasado cinco años desde que en 2010 comenzara la campaña Stop
Desahucios en Barcelona. Han pasado cinco años desde que el 3 de noviembre
se consiguiera parar el primer desahucio. Fue en Bisbal del Penedés donde 30
miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona se
congregaron delante de la casa de Lluís Martín, un mecánico en paro con un hijo
de nueve años y con unos ingresos de 426 euros, que había dejado de pagar su
hipoteca. Lo primero era comer. Lluís debía 100.000 euros a CatalunyaCaixa y
ese día se consiguió parar indefinidamente su desahucio, en lo que se considera
la primera victoria pública de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).
La PAH había nacido en 2009 en Barcelona, recogiendo el testigo del
movimiento “V” de Vivienda, que llevaba desde 2006 denunciando las dificultades
de los jóvenes para acceder a una vivienda justo en unos momentos en los que
parecía que se nadaba en la abundancia y solo unos cuantos economistas se
atrevían a decir que se estaba gestando una burbuja inmobiliaria de difícil
pronóstico, si llegaba a estallar. Y estalló. La burbuja se pinchó un año
después, en 2007, cuando el mercado americano alumbró un engendro que rápidamente
contagió a Europa y se cebó en España, donde la economía tenía una dependencia
espectacular del mercado inmobiliario y del sector de la construcción.
A partir de 2008 comenzó en España la era de la
devaluación vital: paro, precariedad, desahucios, crisis, desigualdad,
pobreza…se convirtieron en vocablos habituales en cualquier conversación. Ni el
Gobierno del PSOE (que cerró su legislatura en 2011 con una reforma laboral que
apuntaba maneras y una reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada con
el PP de un día apara otro, que en la práctica ha situado los intereses de los
bancos por encima de los derechos de las personas) ni el del Partido Popular,
que comenzó la suya con políticas de recortes sociales y económicos y de
derechos, aplicando una nueva reforma laboral que dejó las manos libres al
empresariado español para despedir barato y contratar precario, continuando así
cuatro años de legislatura que está a punto de terminar, ninguno de estos dos
partidos ha enfrentado la crisis poniéndose del lado de las personas.
Todo lo contrario. La gestión de este periodo de crisis arroja un saldo que
tiene carácter de ajuste de postguerra. Cinco millones de parados, un
porcentaje creciente y desproporcionado de contratos precarios y cientos de
miles de familias que han perdido su hogar. Según las estadísticas del consejo
General del Poder Judicial entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han
iniciado en España 598.747 procesos de ejecución hipotecaria. En esta cifra no
se especifica si son viviendas habituales o locales comerciales. Pero según los
datos del Banco de España entre 2012 y 2014 se produjeron 97.577 lanzamientos. Esto
quiere decir que unas 100.000 familias se han quedado sin casa en ese periodo.
Detrás de estas cifras hay personas. Gentes que lo han perdido todo, el
trabajo, el techo sobre la cabeza y algunos hasta la vida, porque no hay que
olvidar que los procesos de desahucio han concluido en algunos casos en
suicidio.
La PAH y la lucha contra la adversidad
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca creada en Barcelona se fue
extendiendo poco a poco por todo el territorio español, porque agruparse y
ayudarse mutuamente es una buena forma de recuperar la autoestima y de luchar
contra la adversidad. Estas plataformas consiguieron poner en la agenda
política el problema de la vivienda y de los desahucios gracias al lanzamiento
en 2010 de la Iniciativa Legislativa Popular para conseguir la dación en pago.
Recogieron más de un millón cuatrocientas mil firmas que entregaron en el
Congreso de los diputados obligando al Gobierno del Partido Popular a ceder y a
tramitar la iniciativa en febrero de 2013. Es cuando Ada Colau compareció en la
Comisión de Economía del Congreso de los Diputados y describió ante toda España
una realidad de emergencia social en la que miles de David se enfrentan a
diario al Goliat de la banca, para exigir su derecho a vivienda y mantener su
casa. Colau, hoy alcaldesa de Barcelona, llegó a llamar criminales a los bancos
en esa comparecencia.
Tras cinco años de luchas por el derecho a la vivienda, hoy todavía miles
de familias en toda España continúan peleando con los bancos para que no les
echen de sus domicilios sin apenas apoyos institucionales.
Las políticas de austeridad aplicadas por el Gobierno del PP durante estos
cuatro años de legislatura han tenido sus repercusiones negativas en las
políticas públicas de vivienda, que han pasado a ser casi inexistentes. Según
el Informe “Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos
hipotecarios en España”, publicado en junio de 2015 por Amnistía Internacional,
España es el país de Europa en el que la vivienda social es más exigua,
representa tan solo el 1%, frente al 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el
18% de Reino Unido o el 17% de Francia. El Informe de Amnistía Internacional
relata que la mayoría de los desahucios que se han producido durante estos años
de crisis han sido de viviendas adquiridas durante el periodo de expansión
económica anterior. La situación en España se ha complicado mucho porque, según
el informe, “las autoridades españolas no han habilitado mecanismos jurídicos
que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las
personas afectadas por desalojos hipotecarios”. Es decir, que el Estado no ha
establecido ninguna fórmula o institución de arbitraje que vigile la
negociación entre los bancos y las familias, haciendo del desahucio la única
opción posible, con el agravante de que la legislación española tiene una
dureza extra: en el procedimiento de ejecución hipotecaria en España además de
perder la vivienda, el desahuciado permanece con la deuda a la que hay que
sumar los intereses de demora y las costas del procedimiento.
Las únicas ayudas con las que han contado las personas pendientes de
desahucio han venido de organizaciones como la PAH y otras ONGs y de
familiares. Pero no todo es negativo.
Nuevos gobiernos municipales: ¿luz al final del túnel?
Desde las pasadas elecciones municipales y autonómicas algo ha comenzado a
moverse en algunos Ayuntamientos en los que triunfaron las candidaturas de
confluencia y unidad popular, como Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza o A
Coruña. Estos nuevos gobiernos municipales son más sensibles a las demandas de
los ciudadanos y llevaban en sus programas iniciativas sociales para ayudar a
solucionar el problema de la vivienda, entre otros muchos.
Por ejemplo, en el caso de Madrid en 2014 hubo 7.966 lanzamientos, casi
8.000 familias se quedaron sin casa. Una cifra que puede ser parecida en 2015,
según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
La nueva corporación municipal de Manuela Carmena lleva casi cinco meses de
gobierno municipal y en ese periodo ha paralizado totalmente los desahucios de
los pisos que son propiedad municipal. Según explica Marta Higueras, primera
teniente de Alcalde y Concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo: “Cuando
tomó posesión la corporación actual de Ahora Madrid, había 70 demandas de
lanzamiento iniciadas por el grupo municipal de Ana Botella. La corporación de
Manuela Carmena las paralizó. Se han cambiado los contratos en los casos en los
que no pueden pagar y se han mantenido los alquileres sociales. La actual EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo) no va a lanzar a
nadie por falta de pago. Y por supuesto esas 2.086 viviendas de titularidad
pública seguirán siendo un patrimonio de todos los madrileños”. Pero parece que
poco se podrá hacer con 1.860 pisos que ya vendió Botella los a los fondos
buitre. Esos pisos ya no son de titularidad pública y cuando expiren los
contratos los nuevos dueños pueden subir los alquileres hasta la cifra que
quieran. Según declara Higueras, el Ayuntamiento está estudiando todos esos
contratos por si encuentra un resquicio legal que permita revertir esa situación,
aunque ella misma asegura que es complicado, pero que en todo caso se atenderá
a las familias que lo necesiten y se les ofrecerá otra vivienda.
Como demandaba Amnistía Internacional en su Informe, el Ayuntamiento de
Madrid ha dado un paso en la buena dirección, ha creado una Oficina de
Intermediación Hipotecaria para ayudar a negociar con los bancos a las personas
que no pueden pagar su hipoteca y encontrar una solución que no sea el
desahucio. Marta Higueras explica que la Oficina ya ha atendido 504 casos desde
mediados de julio, cuando se creó, y que “han ido a mediación 193, de los que
ya están resueltos 44 casos, en los que se ha podido renegociar la deuda con al
entidad financiera y esas personas han conseguido condiciones más aliviadas que
les permiten continuar pagando su hipoteca”. La concejala considera que de los
193 casos iniciados se podrán resolver casi todos.
Desde esta oficina se aspira a que se renegocien las condiciones y se fijen
en una nueva escritura, para que las soluciones sean legales y definitivas, que
esas personas conserven su hogar.
Ella advierte que es necesario que las personas en dificultades acudan a la
Oficina “en el mismo instante en que se den cuanta de que no pueden pagar, porque una vez que el proceso judicial está en marcha y una familia está
pendiente de lanzamiento es mucho más difícil todo, ya que la familia ha dejado
de ser propietaria de su casa. En el momento en el que se deja de pagar la
hipoteca y el banco inicia un procedimiento judicial la casa pasa a ser del
banco. En estos casos es muy difícil llegar a un acuerdo, porque muchas veces
el banco ya ha vendido la casa y aunque se consiga un alquiler social puede que
tenga que ser en otra vivienda que el banco facilite” asegura.
Mientras tanto, en el municipio de Madrid las Plataformas de Afectados por
las Hipotecas continúan también con su labor de información y apoyo a las
personas, llevando acciones, en ocasiones complementarias y en otras paralelas,
a las del Ayuntamiento. Las PAH están en contacto con los servicio sociales de
los distritos, que son los encargados de facilitar informes oficiales sobre la
situación de las personas para aportar en las negociaciones con los bancos.
Este movimiento vecinal está muy estructurado y en distritos muy azotados
por la crisis como el de Vallecas continúan reuniéndose cada lunes para hacer
una bienvenida a los nuevos afectados que se acercan y cada miércoles para
planificar en asamblea los pasos a seguir. En estas asambleas se pueden llagar
a juntar unas cincuenta personas o más cada miércoles, dispuestas a darse apoyo
mutuo y a continuar con la presión sobre bancos que han sido rescatados con el
dinero de todos y que tienen muchas familias pendientes de desahucio y pisos
vacíos. Las acciones de presión que efectúan son ocupaciones de sucursales para
protestar, mientras se negocia con la entidad la paralización de desahucios y
también las ocupaciones “sociales” de inmuebles vacíos de pisos construidos y
sin vender para que las entidades los cedan en alquileres sociales. Además,
desde estas asociaciones activistas y abogados apoyan a las familias en proceso
de desahucio, dándoles cobertura legal y acompañándoles en sus negociaciones
con los bancos.
He podido comprobar que a las asambleas de la PAH de Vallecas acuden una
gran mayoría de mujeres, en muchos casos con niños pequeños, que se encuentran
en una situación desesperada, sin empleo o con empleos muy precarios. Allí he
conocido el caso de Raquel, con dos hijas ya adolescentes, cuya vivienda está a
punto de ser subastada y que lo único que persigue ya es que el banco acepte la
dación en pago. Ella se quedó en paro y dejó de pagar, ahora ya ha encontrado
un trabajo, muy precario, pero con el que podría pagar un pequeño alquiler y
dar de comer a sus hijas, algo imposible si además de perder la casa continua
teniendo que pagar la deuda más los interese a la entidad financiera que ya ha
sacado su casa a subasta. También he conocido el caso de Giovanna, que tiene
dos niñas pequeñas, una de ellas todavía bebé, que trabaja limpiando pisos y
que está pendiente de desahucio; y el caso de Jesús que también esta pendiente
de desahucio, pero que ya no puede aguantar más y ha decidido abandonar, aunque
las personas de la asamblea le dicen que le apoyan y que aguante, pero él no
puede, dice que el banco le agobia, que la situación le supera y que se va a
casa de un familiar, que abandona la lucha, que ya no puede más…
El problema de la vivienda en Madrid, igual que en Barcelona, o el resto de
ciudades con ayuntamientos unidos por el bien común, sigue siendo complicado y
va a tardar en solucionarse. La buena noticia es que los nuevos Ayuntamientos
están abiertos a escuchar a las organizaciones vecinales y a los ciudadanos.
Tienen la voluntad de poner todos los recursos legales a su alcance para ir
solucionando los problemas y no dejar a nadie en la calle.
Las Plataformas de Afectados por las Hipotecas continúan con su labor
social, que es inmensa porque han devuelto la dignidad a muchas personas que
suelen acudir a pedir ayuda devastadas, con complejo de culpa o con vergüenza y
tras su paso por allí salen como activistas, entendiendo lo que les pasa, lo
que significa una clausula suelo (que es ilegal según la legislación europea),
o lo que significa tener intereses de demora, o cómo se las gasta la Ley
hipotecaria española (calificada de encontrarse fuera de la legalidad europea
por el tribunal de Luxemburgo en una sentencia de 2013) y por supuesto salen
sabiendo que la vivienda es un derecho exigible ante un tribunal, porque el
artículo 47 de la Constitución española dice textualmente que “Todos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización
del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los
entes públicos”.
Cuesta comprender que cada día siga habiendo personas con riesgo de perder
su casa cuando se sabe que según último Censo de Población y Vivienda (que es
de 2011, no hay nuevos datos, porque este Gobierno ha paralizado las encuestas
públicas en asuntos muy sensibles) hay casi tres millones y medio de casas vacías
en España (casi el 30% de todas las que hay en Europa). También se sabe que la
SAREB (o banco malo es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos
por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración)
posee unas 80.000 casas procedentes de entidades financieras, y que esta
entidad rescatada con dinero público es titular de viviendas ocupadas por
personas que actualmente se defienden de un desahucio.
Como demandan tanto Amnistía Internacional como otras ONGs el Gobierno debería
modificar el mandato de la SAREB y promover el uso de esas viviendas, para
asegurar el acceso a las mismas de un mayor número de personas.
Pero esta es una exigencia que parece que tendrá que
afrontar el próximo Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre próximo,
porque hasta ahora se ha dado la callada por respuesta.
Carmen Barrios
