Cinco años exigiendo Stop Desahucios

El derecho a una vivienda digna y adecuada está recogido en el artículo 47 de la Constitución española. Sin embargo, en España durante la crisis miles de personas han perdido su hogar, han sido desahuciadas de sus viviendas sin que los poderes públicos se inmutaran, hasta que nació un movimiento social que puso en la agenda política este asunto. Las Plataformas de Afectados por las Hipotecas llevan cinco años exigido que se paralicen los desahucios, la modificación de la ley hipotecaria española para que se acepte la ración en pago y la exigencia de que la vivienda sea un derecho blindado en la Constitución española.

Como me interesaba el tema realicé un reportaje que he publicado en la web www.radicaleslibres.es un espacio que hemos creado un grupo de amigos inquietos y preocupados por nuestro ecosistema político, social, económico y cultural.

Cinco anos exigiendo Stop Desahucios

Cinco años. Han pasado cinco años desde que en 2010 comenzara la campaña Stop Desahucios en Barcelona. Han pasado cinco años desde que el 3 de noviembre se consiguiera parar el primer desahucio. Fue en Bisbal del Penedés donde 30 miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona se congregaron delante de la casa de Lluís Martín, un mecánico en paro con un hijo de nueve años y con unos ingresos de 426 euros, que había dejado de pagar su hipoteca. Lo primero era comer. Lluís debía 100.000 euros a CatalunyaCaixa y ese día se consiguió parar indefinidamente su desahucio, en lo que se considera la primera victoria pública de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

La PAH había nacido en 2009 en Barcelona, recogiendo el testigo del movimiento “V” de Vivienda, que llevaba desde 2006 denunciando las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda justo en unos momentos en los que parecía que se nadaba en la abundancia y solo unos cuantos economistas se atrevían a decir que se estaba gestando una burbuja inmobiliaria de difícil pronóstico, si llegaba a estallar. Y estalló. La burbuja se pinchó un año después, en 2007, cuando el mercado americano alumbró un engendro que rápidamente contagió a Europa y se cebó en España, donde la economía tenía una dependencia espectacular del mercado inmobiliario y del sector de la construcción.

A partir de 2008 comenzó en España la era de la devaluación vital: paro, precariedad, desahucios, crisis, desigualdad, pobreza…se convirtieron en vocablos habituales en cualquier conversación. Ni el Gobierno del PSOE (que cerró su legislatura en 2011 con una reforma laboral que apuntaba maneras y una reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada con el PP de un día apara otro, que en la práctica ha situado los intereses de los bancos por encima de los derechos de las personas) ni el del Partido Popular, que comenzó la suya con políticas de recortes sociales y económicos y de derechos, aplicando una nueva reforma laboral que dejó las manos libres al empresariado español para despedir barato y contratar precario, continuando así cuatro años de legislatura que está a punto de terminar, ninguno de estos dos partidos ha enfrentado la crisis poniéndose del lado de las personas.

Todo lo contrario. La gestión de este periodo de crisis arroja un saldo que tiene carácter de ajuste de postguerra. Cinco millones de parados, un porcentaje creciente y desproporcionado de contratos precarios y cientos de miles de familias que han perdido su hogar. Según las estadísticas del consejo General del Poder Judicial entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han iniciado en España 598.747 procesos de ejecución hipotecaria. En esta cifra no se especifica si son viviendas habituales o locales comerciales. Pero según los datos del Banco de España entre 2012 y 2014 se produjeron 97.577 lanzamientos. Esto quiere decir que unas 100.000 familias se han quedado sin casa en ese periodo. Detrás de estas cifras hay personas. Gentes que lo han perdido todo, el trabajo, el techo sobre la cabeza y algunos hasta la vida, porque no hay que olvidar que los procesos de desahucio han concluido en algunos casos en suicidio.

La PAH y la lucha contra la adversidad

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca creada en Barcelona se fue extendiendo poco a poco por todo el territorio español, porque agruparse y ayudarse mutuamente es una buena forma de recuperar la autoestima y de luchar contra la adversidad. Estas plataformas consiguieron poner en la agenda política el problema de la vivienda y de los desahucios gracias al lanzamiento en 2010 de la Iniciativa Legislativa Popular para conseguir la dación en pago. Recogieron más de un millón cuatrocientas mil firmas que entregaron en el Congreso de los diputados obligando al Gobierno del Partido Popular a ceder y a tramitar la iniciativa en febrero de 2013. Es cuando Ada Colau compareció en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados y describió ante toda España una realidad de emergencia social en la que miles de David se enfrentan a diario al Goliat de la banca, para exigir su derecho a vivienda y mantener su casa. Colau, hoy alcaldesa de Barcelona, llegó a llamar criminales a los bancos en esa comparecencia.

Tras cinco años de luchas por el derecho a la vivienda, hoy todavía miles de familias en toda España continúan peleando con los bancos para que no les echen de sus domicilios sin apenas apoyos institucionales.

Las políticas de austeridad aplicadas por el Gobierno del PP durante estos cuatro años de legislatura han tenido sus repercusiones negativas en las políticas públicas de vivienda, que han pasado a ser casi inexistentes. Según el Informe “Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España”, publicado en junio de 2015 por Amnistía Internacional, España es el país de Europa en el que la vivienda social es más exigua, representa tan solo el 1%, frente al 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido o el 17% de Francia. El Informe de Amnistía Internacional relata que la mayoría de los desahucios que se han producido durante estos años de crisis han sido de viviendas adquiridas durante el periodo de expansión económica anterior. La situación en España se ha complicado mucho porque, según el informe, “las autoridades españolas no han habilitado mecanismos jurídicos que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios”. Es decir, que el Estado no ha establecido ninguna fórmula o institución de arbitraje que vigile la negociación entre los bancos y las familias, haciendo del desahucio la única opción posible, con el agravante de que la legislación española tiene una dureza extra: en el procedimiento de ejecución hipotecaria en España además de perder la vivienda, el desahuciado permanece con la deuda a la que hay que sumar los intereses de demora y las costas del procedimiento.

Las únicas ayudas con las que han contado las personas pendientes de desahucio han venido de organizaciones como la PAH y otras ONGs y de familiares. Pero no todo es negativo.

Nuevos gobiernos municipales: ¿luz al final del túnel?

Desde las pasadas elecciones municipales y autonómicas algo ha comenzado a moverse en algunos Ayuntamientos en los que triunfaron las candidaturas de confluencia y unidad popular, como Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza o A Coruña. Estos nuevos gobiernos municipales son más sensibles a las demandas de los ciudadanos y llevaban en sus programas iniciativas sociales para ayudar a solucionar el problema de la vivienda, entre otros muchos.

Por ejemplo, en el caso de Madrid en 2014 hubo 7.966 lanzamientos, casi 8.000 familias se quedaron sin casa. Una cifra que puede ser parecida en 2015, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

La nueva corporación municipal de Manuela Carmena lleva casi cinco meses de gobierno municipal y en ese periodo ha paralizado totalmente los desahucios de los pisos que son propiedad municipal. Según explica Marta Higueras, primera teniente de Alcalde y Concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo: “Cuando tomó posesión la corporación actual de Ahora Madrid, había 70 demandas de lanzamiento iniciadas por el grupo municipal de Ana Botella. La corporación de Manuela Carmena las paralizó. Se han cambiado los contratos en los casos en los que no pueden pagar y se han mantenido los alquileres sociales. La actual EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo) no va a lanzar a nadie por falta de pago. Y por supuesto esas 2.086 viviendas de titularidad pública seguirán siendo un patrimonio de todos los madrileños”. Pero parece que poco se podrá hacer con 1.860 pisos que ya vendió Botella los a los fondos buitre. Esos pisos ya no son de titularidad pública y cuando expiren los contratos los nuevos dueños pueden subir los alquileres hasta la cifra que quieran. Según declara Higueras, el Ayuntamiento está estudiando todos esos contratos por si encuentra un resquicio legal que permita revertir esa situación, aunque ella misma asegura que es complicado, pero que en todo caso se atenderá a las familias que lo necesiten y se les ofrecerá otra vivienda.

Como demandaba Amnistía Internacional en su Informe, el Ayuntamiento de Madrid ha dado un paso en la buena dirección, ha creado una Oficina de Intermediación Hipotecaria para ayudar a negociar con los bancos a las personas que no pueden pagar su hipoteca y encontrar una solución que no sea el desahucio. Marta Higueras explica que la Oficina ya ha atendido 504 casos desde mediados de julio, cuando se creó, y que “han ido a mediación 193, de los que ya están resueltos 44 casos, en los que se ha podido renegociar la deuda con al entidad financiera y esas personas han conseguido condiciones más aliviadas que les permiten continuar pagando su hipoteca”. La concejala considera que de los 193 casos iniciados se podrán resolver casi todos.

Desde esta oficina se aspira a que se renegocien las condiciones y se fijen en una nueva escritura, para que las soluciones sean legales y definitivas, que esas personas conserven su hogar.

Ella advierte que es necesario que las personas en dificultades acudan a la Oficina “en el mismo instante en que se den cuanta de que no pueden pagar, porque una vez que el proceso judicial está en marcha y una familia está pendiente de lanzamiento es mucho más difícil todo, ya que la familia ha dejado de ser propietaria de su casa. En el momento en el que se deja de pagar la hipoteca y el banco inicia un procedimiento judicial la casa pasa a ser del banco. En estos casos es muy difícil llegar a un acuerdo, porque muchas veces el banco ya ha vendido la casa y aunque se consiga un alquiler social puede que tenga que ser en otra vivienda que el banco facilite” asegura.

Mientras tanto, en el municipio de Madrid las Plataformas de Afectados por las Hipotecas continúan también con su labor de información y apoyo a las personas, llevando acciones, en ocasiones complementarias y en otras paralelas, a las del Ayuntamiento. Las PAH están en contacto con los servicio sociales de los distritos, que son los encargados de facilitar informes oficiales sobre la situación de las personas para aportar en las negociaciones con los bancos.

Este movimiento vecinal está muy estructurado y en distritos muy azotados por la crisis como el de Vallecas continúan reuniéndose cada lunes para hacer una bienvenida a los nuevos afectados que se acercan y cada miércoles para planificar en asamblea los pasos a seguir. En estas asambleas se pueden llagar a juntar unas cincuenta personas o más cada miércoles, dispuestas a darse apoyo mutuo y a continuar con la presión sobre bancos que han sido rescatados con el dinero de todos y que tienen muchas familias pendientes de desahucio y pisos vacíos. Las acciones de presión que efectúan son ocupaciones de sucursales para protestar, mientras se negocia con la entidad la paralización de desahucios y también las ocupaciones “sociales” de inmuebles vacíos de pisos construidos y sin vender para que las entidades los cedan en alquileres sociales. Además, desde estas asociaciones activistas y abogados apoyan a las familias en proceso de desahucio, dándoles cobertura legal y acompañándoles en sus negociaciones con los bancos.

He podido comprobar que a las asambleas de la PAH de Vallecas acuden una gran mayoría de mujeres, en muchos casos con niños pequeños, que se encuentran en una situación desesperada, sin empleo o con empleos muy precarios. Allí he conocido el caso de Raquel, con dos hijas ya adolescentes, cuya vivienda está a punto de ser subastada y que lo único que persigue ya es que el banco acepte la dación en pago. Ella se quedó en paro y dejó de pagar, ahora ya ha encontrado un trabajo, muy precario, pero con el que podría pagar un pequeño alquiler y dar de comer a sus hijas, algo imposible si además de perder la casa continua teniendo que pagar la deuda más los interese a la entidad financiera que ya ha sacado su casa a subasta. También he conocido el caso de Giovanna, que tiene dos niñas pequeñas, una de ellas todavía bebé, que trabaja limpiando pisos y que está pendiente de desahucio; y el caso de Jesús que también esta pendiente de desahucio, pero que ya no puede aguantar más y ha decidido abandonar, aunque las personas de la asamblea le dicen que le apoyan y que aguante, pero él no puede, dice que el banco le agobia, que la situación le supera y que se va a casa de un familiar, que abandona la lucha, que ya no puede más…

El problema de la vivienda en Madrid, igual que en Barcelona, o el resto de ciudades con ayuntamientos unidos por el bien común, sigue siendo complicado y va a tardar en solucionarse. La buena noticia es que los nuevos Ayuntamientos están abiertos a escuchar a las organizaciones vecinales y a los ciudadanos. Tienen la voluntad de poner todos los recursos legales a su alcance para ir solucionando los problemas y no dejar a nadie en la calle.

Las Plataformas de Afectados por las Hipotecas continúan con su labor social, que es inmensa porque han devuelto la dignidad a muchas personas que suelen acudir a pedir ayuda devastadas, con complejo de culpa o con vergüenza y tras su paso por allí salen como activistas, entendiendo lo que les pasa, lo que significa una clausula suelo (que es ilegal según la legislación europea), o lo que significa tener intereses de demora, o cómo se las gasta la Ley hipotecaria española (calificada de encontrarse fuera de la legalidad europea por el tribunal de Luxemburgo en una sentencia de 2013) y por supuesto salen sabiendo que la vivienda es un derecho exigible ante un tribunal, porque el artículo 47 de la Constitución española dice textualmente que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Cuesta comprender que cada día siga habiendo personas con riesgo de perder su casa cuando se sabe que según último Censo de Población y Vivienda (que es de 2011, no hay nuevos datos, porque este Gobierno ha paralizado las encuestas públicas en asuntos muy sensibles) hay casi tres millones y medio de casas vacías en España (casi el 30% de todas las que hay en Europa). También se sabe que la SAREB (o banco malo es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración) posee unas 80.000 casas procedentes de entidades financieras, y que esta entidad rescatada con dinero público es titular de viviendas ocupadas por personas que actualmente se defienden de un desahucio.

Como demandan tanto Amnistía Internacional como otras ONGs el Gobierno debería modificar el mandato de la SAREB y promover el uso de esas viviendas, para asegurar el acceso a las mismas de un mayor número de personas.

Pero esta es una exigencia que parece que tendrá que afrontar el próximo Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre próximo, porque hasta ahora se ha dado la callada por respuesta.

Carmen Barrios